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Los basurales a cielo abierto siguen siendo una de las postales más dolorosas y anacrónicas en numerosas localidades de la Argentina. Lejos de constituir una solución, representan una acumulación de pasivos ambientales y sociales que afectan tanto la salud de la población como el equilibrio ecológico de las regiones. Neuquén y Río Negro no son la excepción: aún hoy conviven con estos focos de contaminación que, más que resolver un problema, lo agravan día tras día.
La permanencia de basurales a esta altura ya no solo violenta el sentido común y la responsabilidad pública, sino también el marco normativo vigente. La Ley Nacional de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios N° 25.916 establece obligaciones claras para la disposición y tratamiento de los residuos, prohibiendo prácticas que impliquen riesgos sanitarios y ambientales. En Neuquén, la Ley Provincial 1875 de Medio Ambiente refuerza estos principios, mientras que en Río Negro la Ley 3266 de Residuos Sólidos Urbanos también apunta a la gestión responsable y al fomento del reciclado. Por lo tanto, el incumplimiento de estas normativas convierte a los basurales a cielo abierto en un símbolo de ilegalidad tolerada por los propios Estados.
Los riesgos sanitarios son evidentes y alarmantes. La quema indiscriminada de basura libera gases tóxicos que afectan al sistema respiratorio, aumentan la incidencia de alergias y agravan cuadros crónicos como el asma. La proliferación de roedores e insectos transmisores de enfermedades convierte a estos sitios en focos de infecciones permanentes. Los lixiviados —ese líquido negro y tóxico que se filtra de los residuos— contaminan napas y cursos de agua, exponiendo a comunidades enteras a sustancias nocivas.
En el plano ambiental, los efectos son devastadores: suelos degradados, pérdida de biodiversidad y liberación de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Una herencia envenenada que, si no se detiene, condicionará irreversiblemente a las generaciones futuras.
La alternativa existe y es viable: plantas de separación y tratamiento de residuos. No se trata solo de instalar infraestructura, sino de poner en marcha un sistema integral que incluya la clasificación en origen, el reciclaje de materiales reutilizables, el compostaje de residuos orgánicos y la disposición final segura de lo que no pueda recuperarse. Y para ello, la capacitación del personal resulta clave: no basta con maquinarias modernas, se requiere conocimiento técnico, protocolos de seguridad y una gestión profesionalizada que dignifique a quienes trabajan día a día con los residuos.
Es tarde, es verdad. Pero también es una verdad innegable que todo esfuerzo que se haga hoy mismo, también podrá combatir los efectos de la contaminación ambiental. Los municipios de Neuquén, Río Negro y de todo el país deben abandonar la lógica del basural y abrazar la del reciclaje y la economía circular. Los gobiernos provinciales tienen la responsabilidad de acompañar con recursos y planificación, pero también la comunidad debe involucrarse: separar en origen, exigir políticas responsables y comprender que cada acción individual repercute en el bienestar colectivo.
La basura que hoy ignoramos será el veneno de nuestros hijos mañana. Convertirla en recurso es una obligación moral, legal y política. No se trata solo de cumplir con las leyes, sino de honrar el derecho de las generaciones venideras a vivir en un ambiente sano, tal como lo garantiza la Constitución Nacional en su artículo 41. La pregunta no es si podemos hacerlo, sino si estamos dispuestos a dejar de mirar hacia otro lado.
